November 30, 2012


EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS Y SUS FAMILIAS

Luis Julián Salas Rodas

Sociólogo
Especialista y Magister en Ciencias Sociales 
Magister en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
www.bienhumano.org


Aprendí a leer y a escribir, aprendí a participar, hasta a pintar, aprendí a compartir, aprendí a controlarme, aprendí a que uno debe salir de la casa, aprendí a prender el computador. Cuando fuimos al Jardín Botánico, hay una Ceiba que la llaman barrigona. Aprendí números, que no sabía nada. Aprendí las estaciones del tiempo y las formas de comunicación”.
(Testimonio de mujer adulta participante del proyecto de alfabetización  y educación de adultos:
Leer y escribir la realidad para ser libres”)

Desde el año 2000 la FBH inicio acciones de alfabetización de adultos en las zonas rurales de Antioquia donde trabajábamos con las familias y los educadores.  En los primeros años tuvimos aportes financieros de la Fundación Alfabetizadora Laubach para el Caribe y América Latina y Proliteracy World Wide, ONG norteamericana que tiene programas en 34 países.

A mediados del 2007 la trabajadora social Ángela María Mesa Londoño, funcionaria de la Secretaría  de Desarrollo Social del municipio de Medellín se acercó a la FBH para solicitar apoyo al macroproyecto de Moravia.  De una población cercana a 42.000 personas el 10%, mayores de 15 años, se encontraba en situación de analfabetismo estructural lo que impedía el desarrollo de los programas.  Por esa misma época la Fundación Fraternidad Medellín se interesó en el tema de la alfabetización de adultos. En el 2009 iniciamos una nueva propuesta denominada “Leer y Escribir la Realidad Para Ser Libres” retomando nuevos enfoques pedagógicos y de educación de adultos, atendiendo a la vez los requerimientos del Ministerio de Educación para certificar a los participantes en el llamado CLEI: Ciclo Lectivo Educativo Institucional. Siendo las familias el grupo objetivo de la FBH el proyecto incluyó además del equipo pedagógico un equipo sicosocial de apoyo y acompañamiento a los adultos y las tutoras. Con el firme respaldo financiero de la Fundación Fraternidad Medellín graduamos, en ese año 250 adultos residentes en el barrio Moravia de Medellín en el CLEI 1 (1°, 2° y 3° de primaria).  El 71%  siguió sus estudios en el nivel 2 del CLEI.  En el 2010 graduamos 100 adultos de los barrios la Cruz y la Honda y el 69%  de ellos avanzó al nivel 2 del CLEI (4°, 5° y 6°).  En el 2011 participaron 180 adultos de las comunas 8 y 9 de Medellín, del barrio Campo Valdez, de la Fundación las Golondrinas, del programa Centro Día de habitantes de calle y adultos mayores de la Sociedad San Vicente de Paul.  En el 2013 esperamos graduar 180 adultos de los barrios Belén Rincón, Llanaditas, Santo Domingo, Picacho y de las instituciones Calor de Hogar, Senderos de Luz y Centro Día de Medellín.  Desde el año 2000 hasta la fecha hemos alfabetizado 1.672 personas adultas y muchas de ellas han logrado terminar  primaria y bachillerato. Algunas aspiran a continuar estudios técnicos y superiores.

Los participantes de “Leer y escribir la realidad para ser libres” reciben 400 horas presenciales, realizan salidas pedagógicas con las tutoras a distintos sitios de la ciudad y tienen la oportunidad de acceder a la alfabetización digital en las salas y bibliotecas públicas y también aprenden del manejo de finanzas personales y familiares.

Más que la estadística, el impacto  del trabajo realizado hay que evaluarlo en el contexto de la recuperación de la dignidad humana, de la autoestima personal,  de la restitución de un derecho negado: el de la educación y el de la inclusión social y ciudadana.  Estamos de acuerdo con la movilización de recursos y la política pública hacia la primera infancia y la adolescencia pero, también, el Estado y la sociedad tienen, en Colombia, una deuda social pendiente con la población iletrada adulta joven y mayor.  ¿Por qué otros países han logrado erradicar el analfabetismo y el nuestro aun no?  ¿Por qué persisten las condiciones de inequidad y exclusión a la educación y el trabajo decente?  ¿Por qué fuimos el último país de América Latina en garantizar la gratuidad en educación básica  y secundaria?

En la antigüedad  griega Pitágoras de Samos dijo: “Ayuda a tus semejantes a levantar la carga, pero no te consideres obligado a llevársela”. Cuando asumimos la carga del otro lo volvemos dependiente, le quitamos su dignidad e iniciativa. En la FBH hemos y seguiremos ayudando a “levantar la carga”, brindando oportunidades y acompañamiento para que las personas familias y comunidades puedan seguir, con entusiasmo y sano orgullo, el desarrollo de sus capacidades, talentos y competencias.  Si los padres y madres, quienes son las figuras de identidad más importantes de los hijos, elevan su nivel educativo mejoran con ello la calidad de vida de sus familias, sus relaciones con ellos y valoran el acceso y la permanencia de sus hijos  en el sistema escolar. Alfabetizar no es solo la tarea de enseñar a leer, escribir o a aprender las operaciones matemáticas básicas. Se piensa que la tarea de alfabetizar es asunto de cartillas, campañas y de unas horas de trabajo voluntario. ¡No! Para alfabetizar un adulto  hay que prepararse académicamente en la disciplina de formación y educación de adultos; alfabetizar un adulto es garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, es abrir las puertas invisibles que cierran su ingreso al ejercicio pleno de su ciudadanía  de su participación social, productiva y política.  En el mundo se estima que existen 800 millones de personas analfabetas mayores de 15 años, la mayoría mujeres rurales que por razones culturales o religiosas se les niega el derecho a la educación. Malala  Yousafzai la joven paquistaní que fue herida a bala por defender su aspiración al conocimiento, a las oportunidades y al desarrollo de sus capacidades es símbolo de las creencias que mantienen la inequidad y la injusticia sobre las mujeres.
     
En nuestro país son alrededor de 2.100.000 los iletrados, mayores de 15 años,  a los que, por diversas razones se les sigue negando el derecho a la educación; de ellos 400.000 son antioqueños(as).  Antioquía lidera este ranking. ¿Será que el Plan de Desarrollo del gobernador Sergio Fajardo Valderrama  “Antioquía la más Educada” se ocupar de ellos y los incluirá de verdad?

En Medellín las cifras de la problemática son también preocupantes, según dos estudios  Encuesta De Calidad de Vida ECV y la Gran Encuesta Metropolitana de Hogares (GEIH), 51.702 personas mayores de 15 años son analfabetas estructurales, 225.000 personas entre los 15 y 65 años son analfabetas funcionales y en cuanto el analfabetismo digital el 54% de los hogares no tiene computador y el 62.42% no tiene conexión a internet. De acuerdo con información de la Personería de Medellín en los últimos 10 años han llegado a la ciudad alrededor de 250.000 personas de distintas regiones rurales del departamento y del país. Personas y familias que huyen del conflicto armado o en búsqueda de oportunidades que desean quedarse y ser ciudadanos. Con ellos  en vez de disminuir crece la tasa de analfabetismo y la demanda por vivienda y servicios.
  
Los  datos del Ministerio de Educación Nacional inquietan ya que, a pesar de todos los esfuerzos,  aun existen alrededor de 1.000.000 de niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema escolar sino se toman medidas que los incluyan ahora ellos serán los adultos iletrados del futuro y el problema de la erradicación de todo tipo de analfabetismo seguirá como  una tarea pendiente del Estado.

En 1986 la Asamblea General de la Naciones Unidas declaró que el Desarrollo es un “derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo). Dos preguntas: ¿Cómo puede garantizarse el derecho al desarrollo de las personas y los pueblos si el Estado no garantiza primero el derecho a la Educación? Si se afirma que los atributos que debe tener una persona para ejercitar sus derechos son la dignidad, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la autonomía, ¿Cómo pueden concretarse estos atributos sin la vigencia del derecho a la educación?

 Con gran complacencia entregamos a los educadores, a la comunidad científica y a la sociedad los hallazgos, resultados y conocimientos que el equipo pedagógico y sicosocial ha logrado allegar en el transcurso de los últimos 4 años de ejecución del proyecto “Leer y escribir la realidad para ser libres”.  El texto en mención es el segundo libro de sistematización de la experiencia.

Tan importantes como la cobertura poblacional y geográfica del proyecto es constatar los cambios en la vida personal y familiar de los participantes como el de la señora Beatriz Elena Lopera residente del barrio Moravia de Medellín quien logró su mayor deseo: aprender a leer y escribir para poder hacer las tareas con las nietas o la señora María Vitalina Quiceno quien culminó el primer nivel del CLEI en compañía de sus dos hijas adultas y así podríamos citar muchos otros  maravillosos ejemplos.

Las revoluciones políticas y los movimientos sociales y culturales son los que transforman a los Estados y las sociedades del planeta.  Las ONG sabemos de nuestros alcances y limitaciones, contribuir con nuestros modestos recursos y grandes ideales al cambio personal, familiar y comunitario es ya de por sí una meritoria contribución al desarrollo humano y local. 
     
El primer agradecimiento es para los participantes, jóvenes, hombres y mujeres adultos y mayores quienes con su entusiasmo, compromiso y deseos de aprender dijeron si a la convocatoria.  Reconocimiento al equipo pedagógico y profesional quienes con su conocimiento, experticia  y trabajo ha sido posible desarrollar los objetivos y metas del proyecto.  Gratitud a las  Fundaciones Fraternidad Medellín, Sofía Pérez de Soto, las Américas, las Golondrinas  y Proliteracy World Wide por compartir nuestra misión y visión de la “Educación para todos y todas las personas sin límite de edad”. Con ello, como organización de la sociedad civil, asumimos el principio constitucional de la corresponsabilidad en un tema que es de interés público, pero sin olvidar que la responsabilidad primaria y directa de garantizar el derecho a la educación  es  y seguirá  siendo  del Estado.

(Si desea conocer las publicaciones virtuales  sobre alfabetización de la Fundación Bienestar Humano, entre a nuestra página web www.bienhumano.org , link: publicaciones) 

November 09, 2012

LA LEY DE FAMILIA Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL PARA LAS FAMILIAS COLOMBIANAS

Luis Julián Salas Rodas

Sociólogo
Especialista y Magister en Ciencias Sociales 
Magister en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
www.bienhumano.org

En diciembre del 2009 el Congreso de Colombia expidió la Ley 1361 de Protección Integral a la Familia. Esta Ley abrió el camino para incluir el tema de Familia en la agenda de las políticas públicas y en el debate de la Opinión Pública. La Ley 1361 establece los derechos y deberes que le corresponden garantizar al Estado y la sociedad. Fijó el 15 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Familia. Ordenó la creación del Observatorio de política de la Familia a cargo del Departamento Nacional de Planeación y observatorios regionales dependientes de los entes territoriales. Ordenó, también, al Ministerio de la Salud y la Protección Social a elaborar una Política Nacional de apoyo y fortalecimiento de acuerdo con los principios, objetivos y líneas de intervención establecidas en la Ley. En cumplimiento de tal orden, en el mes de mayo del presente año, la doctora Ligia Galvis Ortiz, como coordinadora, presentó el documento de la Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012 – 2022; fruto del trabajo de la Mesa Técnica de Familia y de distintos foros y encuentros territoriales. Como tareas pendientes está la aprobación de la Política, su socialización a la Opinión Pública y la correspondiente realización del documento CONPES de Familia y su Plan de Acción.

¡Por fin! se comienza a ver y tratar a la familia en la importancia que se merece ya que: No se la menciona en el Código Civil, ni hay aun un Código de Familia, el Departamento Nacional de Estadística DANE habla únicamente de hogares y nunca de familias, los presupuestos públicos y privados para programas de educación, promoción y prevención familiar son irrisorios y solo hasta hace dos años el Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF creó la Subdirección de Familia en su estructura orgánica…

Para las personas y organizaciones que creemos en la diversidad y pluralidad de las familias como sujetos políticos y agencia de formación del ser humano los anteriores avances jurídicos son un logro extraordinario. Sabemos que la Ley no resuelve todos los problemas de las personas, familias y comunidades pero sin la Ley no es posible afrontar y ser parte de la solución de los mismos. Nos complace saber y anunciar que el municipio de Medellín junto con Bogotá y Cali hacen parte de las tres primeras ciudades capitales del país en tener aprobado por los respectivos Concejos de acuerdos locales de Política Pública de Familia. El acuerdo 365 de 2012 es la expresión concreta de concurrencia de voluntad política y compromiso de la sociedad civil medellinense con las familias. Celebramos, también, que en la nueva reforma administrativa el municipio de Medellín haya creado la Secretaría de Inclusión Social y la Familia como estructura administrativa para hacer realidad los alcances y la finalidad de la Ley y la Política. Esperamos que la Gobernación de Antioquia también acoja la Ley 1361 y formule con la participación de la ciudadanía de los municipios y las subregiones la Política Pública de Familia para el departamento y que pueda luego asesorar y acompañar a los municipios en sus políticas públicas locales de familias.

El marco de la Política Pública Nacional Para las familias Colombianas es la carta universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 y las convenciones internacionales posteriores de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, todos firmados y aprobados por el congreso de la república los cuales hacen parte de nuestra normatividad jurídica. Lo que propone la Ley de Familia y la Política Pública Nacional para las Familias es ir más allá de la garantía individual de los derechos de las personas y se reconozca a la familia como sujeto colectivo de derechos. Este reconocimiento legal haría posible la verdadera aplicación del principio de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia en la realización de los proyectos de vida de la infancia, la juventud, los adultos hombres, las mujeres, las personas con habilidades diversas y a los adultos mayores que constituyen la esencia y razón de ser de las familias. La realidad social y cotidiana nos ha mostrado que es insuficiente el reconocimiento y garantía de solo los derechos individuales.

Las familias colombianas tienen que repensar sus relaciones internas y externas; internas con respecto a las relaciones conyugales, materno-paterno-filiales, la comunicación intrafamiliar, los aspectos económicos y los principios, normas y valores; externas, con respecto a la sociedad, al sistema de seguridad social en salud, con el orden económico, con el sistema educativo, con los medios de comunicación y muy especialmente con el Estado. Dice el documento de la Política Pública al respecto:

“La relación familia -Estado es asistencialista, las familias son pasivas y simplemente receptoras de los servicios del Estado…. Relaciones con la sociedad: Las familias tienen la tendencia a trasladar el cuidado de sus dependientes a organizaciones de la sociedad civil”.

El objetivo principal de la Política Pública Nacional para las Familias Colombianas es el de:

“Proporcionar a las familias colombianas los recursos afectivos, económicos, culturales, jurídicos, democráticos y las fortalezas como sujeto colectivo de derechos para orientar el desarrollo integral propio y el de sus integrantes individualmente considerados, para que sean reconocidas en su diversidad estructural, étnica y cultural y como agente interlocutor con su entorno político, económico y cultural”.

Si nuestra Constitución Política afirma que Colombia es un Estado Social De Derecho, fundado en la dignidad humana; si en ella se reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad; si también reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, la Política Pública Nacional para las Familias obra en consecuencia de la Constitución incluyendo en su alcance toda la diversidad de las tipologías familiares del país. La Corte Constitucional se ha expresado, en múltiples sentencias, a este respecto. El orden jurídico debe corresponder a la realidad social y cultural del país. La familia nuclear, conformada por el papá-mamá e hijos, ha dejado de ser, desde hace mucho tiempo, la forma de familia hegemónica, privilegiada y mayoritaria de la población colombiana. Otras formas de familia han emergido y reclaman atención del Estado. Nos referimos a la familia como un objeto de conocimiento pero hablamos de familias como un reconocimiento a la diversidad y la pluralidad en sus formas de composición y convivencia.

El Estado y la sociedad deben acompañar, apoyar y orientar a las familias para que ellas puedan asumir las responsabilidades directas e indelegables que tienen en los procesos de socialización, formación y crianza de sus hijos. La garantía del cumplimiento de los derechos de las familias tiene que ir aparejada de una exigencia de contraprestación de compromisos y deberes con los grupos poblacionales, de género y generación que la integran. Solo así las familias dejaran de ser objeto de la intervención de programas asistencialistas, tanto públicos como privados, y empezaran a valorarse y ser reconocidas como actores sociales y sujetos políticos y democráticos. Las familias tampoco pueden seguir siendo tratadas en los medios de comunicación como la generadora de todos los males de la sociedad, ni reducirlas al papel de procreadoras para entrega de subsidios de sobrevivencia por parte del Estado.

Son los padres y madres, o quien haga sus veces, y no el Estado, la sociedad, las cuidadoras, las ONG y los “expertos”, las personas más importantes y decisivas en las etapas iniciales del ciclo vital humano de niños, niñas y adolescentes. Su presencia y permanencia son decisivas en el desarrollo de su personalidad. Las funciones y responsabilidades que las familias no quieran o no puedan asumir frente a sus hijos e hijas le toca al Estado y la sociedad afrontarlas de forma extemporánea y con grandes costos económicos y sufrimientos humanos.

La infancia es hoy el grupo poblacional que más atención y recursos recibe del Estado. La política pública de Cero a Siempre del Ministerio de Educación nacional así lo confirma. Estamos de acuerdo con los beneficios de esta política pero seguimos considerando que son las familias y no las instituciones el primer ambiente educador de niños y niñas.

Los invitamos a conocer más de la Ley 1361 de Protección Integral a la Familia, de la Política Pública para las Familias Colombianas y de la Política Pública para la Familia de Medellín en la página web de inicio de la Fundación Bienestar Humano: www.bienhumano.org

En palabras de la doctora Ligia Galvis Ortiz la familia colombiana debe dejar de ser una “prioridad olvidada” para ser una” prioridad de primer orden”. ¡En buena hora!